Casi cuatro años después de que tomara estado público la intención y necesidad de reformar las reglas que rigen la persecución del delito en la faz judicial provincial, las comisiones legislativas se reunieron -a puertas cerradas- a analizar la propuesta con el fin de habilitar su tratamiento en el recinto. El proyecto de enmienda integral elaborado por un comité especial que trabajó durante 834 días corridos consta de dos leyes: un nuevo código procesal penal y una norma de implementación. Entre los múltiples cambios institucionales que dispone, este segundo texto crea un órgano especializado para la defensa pública, función hasta aquí unida a la acusación (que ejercen los fiscales) en el Ministerio Público a cargo de Edmundo Jiménez.
Se trata de un cambio sustancial para la organización de la Justicia, que ya había sido intentado infructuosamente en 2014 a partir de una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El borrador que circula entre los legisladores crea el Ministerio Pupilar y de la Defensa encabezado por un ministro de la Defensa Pública similar al órgano que en la órbita nacional dirige Stella Maris Martínez. Su función será garantizar una defensa técnica de calidad orientada en forma prioritaria a los ciudadanos que carecen de medios para contratar a un abogado.
Cuestión de redacción
Una ley especial ha de determinar cómo se selecciona al ministro de la Defensa y demás detalles. Lo mismo ocurrirá respecto del Ministerio Público Fiscal en lo relativo a su organización interna. La principal novedad en ese ámbito es la incorporación de fiscales regionales con facultades de coordinación. Tanto para la institución de la defensa como para la de la acusación, el proyecto de ley en debate estatuye la independencia funcional con presupuesto separado dentro del de la Justicia. El control de los recursos también generó rispidices en la cúpula del Poder Judicial. La Constitución de Tucumán no dispone la autonomía del Ministerio Público, a diferencia de la Carta Magna nacional.
El jueves, las comisiones de Seguridad y Justicia, y de Asuntos Constitucionales repasaron el articulado y debatieron sobre algunas cuestiones específicas. Participaron de la reunión los oficialistas Marcelo Caponio, Javier Pucharras, Luis Morghenstein, Ramón Santiago Cano, Graciela Gutiérrez, y los opositores Eduardo Bourlé, José María Canelada, Fernando Valdez, Claudio Viña y Stella Maris Córdoba. Asimismo, asistió al encuentro Ana Lía Castillo de Ayusa, procesalista experta y protagonista de la labor en la comisión especial.
Entre los temas discutidos está la redacción de la cláusula que autoriza a las personas jurídicas a actuar como querellantes en casos que afecten intereses colectivos o difusos -hoy sólo pueden denunciar-. La oposición habría pedido que se especifique la hipótesis de delitos contra la administración (supuestos de corrupción). El análisis de la propuesta de reforma procesal penal integral proseguirá este miércoles. Fuentes legislativas indicaron que se pasó a un cuarto intermedio con la intención de producir el dictamen unánime que fortalezca un trabajo en cuya confección participaron representantes de los tres poderes del Estado y de los colegios de abogados.